A casi dos meses de iniciado el trabajo de la Convención Constitucional, la cual incluye la presencia de 17 convencionales provenientes de los Pueblos Indígenas que habitan Chile, el Centro de Estudios Interculturales e Indígenas, CIIR, publicó los resultados de la cuarta medición de su Estudio de Opinión Pública Pueblos Originarios y Nueva Constitución. Publicado por primera vez en abril de 2020, este instrumento busca revisar cómo la ciudadanía, indígena y no indígena, percibe las demandas de diverso tipo cifradas por los Pueblos Originarios y cómo han evolucionado en la medida que el proceso constituyente se desarrolla.

El estudio, de carácter telefónico, consideró 1.523 casos, distribuidos en 109 comunas de Chile que cumplieran con una población mayor a 50.000 habitantes. El 19,9% de los encuestados se identificó como indígena o afrodescendiente, mientras que el 78,8% como no indígena. La presentación de los datos fue realizada el 25 de agosto en un evento en línea con la participación del investigador CIIR y exdecano de la Facultad de Ciencias Sociales UC, Eduardo Valenzuela. Los comentarios, en tanto, corrieron por cuenta de los convencionales Tiare Aguilera, Pueblo Rapa Nui, y Adolfo Millabur, Pueblo Mapuche.

Un primer resultado relevante indica que el 95% de los encuestados está de acuerdo con entregar reconocimiento constitucional a los pueblos indígenas que habitan Chile. Esta cifra es afín con mediciones anteriores, en las cuales los porcentajes fueron 96% (marzo 2021) y 95% (septiembre de 2020), respectivamente.

Con respecto a la pregunta sobre qué rango de reconocimiento debiese entregarse, un 47% opta por la declaración de un Estado Multicultural, mientras un 20% se inclina por un Estado Plurinacional. En tanto, un 32% mantendría la actual estructura de Estado-Nación.

Enseguida, un 88% de los encuestados está de acuerdo con reconocer a la Naturaleza como sujeto de derecho; un 79% de los consultados apoya a que los distintos Pueblos Originarios sean educados en sus propias lenguas; un 81% que cuenten con representación especial en gobiernos regionales y locales, mientras un 82% asiente con respecto a entregar representación especial en el Congreso.  Así bien, un 81% concuerda con el derecho de los indígenas a la propiedad comunitaria de sus territorios.

En cuanto a un posible reconocimiento de espacios de jurisdicción indígena, un 72% de los encuestados lo apoya, mientras que la posibilidad de que ciertos territorios posean administración indígena cuenta con un 62% de respaldo. Mismo porcentaje sustenta la moción del reconocimiento a la libre determinación y autonomía de los Pueblos Originarios.

Acerca de la pregunta sobre cómo el Estado debiese solucionar el conflicto con los Pueblos Originarios, un 35% de los encuestados apuesta por el reconocimiento constitucional, mientras un 34% por la restitución de tierras.

Por último, la opción de contar con una especie de policía comunitaria en territorios indígenas reúne el apoyo del 59% de los encuestados.

Convención Constitucional

En esta cuarta medición, se incluyó un capítulo de preguntas acerca de la evaluación del trabajo de la Convención Constitucional enfatizando en el rol que han cumplido los convencionales indígenas. Así, un 81% está de acuerdo con que una mujer indígena encabece la Convención, en este caso Elisa Loncon, quien cuenta con un respaldo a su gestión del 66%. También existe un amplio respaldo a que la Convención considere de forma permanente a las lenguas de los Pueblos Originarios en su gestión: un 85% respalda que existan intérpretes de las lenguas de los Pueblos Originarios, mientras un 79% apoya la traducción a aquellas de los documentos oficiales de la Convención. También existe un macizo sostén a inclusión de las banderas de los Pueblos Originarios en los actos protocolares (74%) y que exista una consulta específica a los Pueblos Originarios en función de su derecho a la libre determinación y autonomía (71%).

Análisis

A juicio de Eduardo Valenzuela los datos revelan que “existe un apoyo sustancial a las demandas por una política proindígena, centrada en derechos lingüísticos, culturales, económicos e incluso jurisdiccionales. Claramente, las bases de una política indígena son reconocimiento constitucional y recuperación de territorio. Esto coloca la problemática indígena fuera de un simple tema de desarrollo e impulso económicos, constituyéndose como un problema político de primera importancia para el país”.

Según Tiare Aguilera, los resultados del estudio son “una buena noticia, ya que se mantienen en el tiempo los apoyos a temas de reconocimiento muy relevantes que nosotros como escaños indígenas hemos levantado desde los distintos pueblos. Po otro lado, es muy relevante la aprobación a que una mujer indígena, en este caso Elisa Loncon y todo lo que ella y su trayectoria implica, fuera elegida para encabezar la Convención, mostrando que la Plurinacionalidad se instalase desde un primer momento, impregnado todo el trabajo que se ha realizado posteriormente”.

Para Adolfo Millabur “se ponen dos conceptos en competencia: multiculturalismo y plurinacionalidad, los cuales son antagónicos. No me sorprende que el apoyo al multiculturalismo sea mayor ya que vivimos en una sociedad neoliberal. Me alegra, sin embargo, de que vaya en aumento el porcentaje de apoyo a la plurinacionalidad. Lo que estamos haciendo los pueblos indígenas es ofrecer un nuevo paradigma en términos de democracia, entendida desde la pluralidad”.